Durante la mayor
parte del siglo XIX la educación en Colombia se vio afectada por los constantes
conflictos entre los partidos políticos, y por la relación de éstos con la
iglesia católica. Como lo señala Urrutia (1976), esto llevó a que cada vez que
la presidencia de la República cambiaba de partido, la organización educativa
vigente fuese revisada y modificada totalmente. Así, en 1850 los liberales
abandonaron la regulación de la educación, y ésta se descentralizó tanto
administrativa como fiscalmente. Además se autorizó la libertad completa en la
instrucción.3 En 1870, por medio del decreto federal orgánico de la instrucción
pública, se ordenó que la educación primaria pública fuese gratuita,
obligatoria y laica. El decreto también estableció que el sistema educativo
debería
Estar supervisado
por el Gobierno Nacional4. Posteriormente, con la Constitución de 1886 y el
Concordato de 1887, el conflicto entre la iglesia y el Estado mermo. Los
conservadores dispusieron que la educación primaria aunque debía ser gratuita
no debía ser obligatoria, y que además la educación en el país se debería regir
por los preceptos de la iglesia católica, la cual la orientaría y la
supervisaría.5 Por medio de la Ley general de educación de 1892, se decretó que
el gobierno central supervisaría y regularía la educación en el país.
La creación y el
sostenimiento de instituciones culturales fuertes y sólidas, capaces de crear
tradiciones y de producir logros estables en el tiempo exige siempre un entorno
favorable, entorno del que en general se careció en el siglo XIX. El atraso
económico, el peso de la los herencia cultural de la sociedad colonial, la
pobreza de la sociedad misma y, sobre todo, la inestabilidad política
—expresada ante todo en los enfrentamientos partidistas y en las repetidas
guerras civiles—, son los datos básicos del primer siglo de vida republicana, y
un contexto en el cual resultaba difícil el florecimiento de una institución
universitaria con un cuerpo docente estable, con al menos atisbos de programas
de investigación, con una población universitaria creciente, reclutando sus
miembros de manera amplia en capas sociales diversas de la población, sobre la
base de criterios de mérito y con un sistema de carreras universitarias
diversificadas.
Nada de lo anterior
es posible encontrar en el siglo XIX colombiano, pero no hay que hacerse un
cuadro demasiado sombrío de la situación, pues a pesar de los esfuerzos de
Humboldt y de Bonaparte, la universidad moderna —diferente de los modelos
originales de Oxbridge, de Paris, de Salamanca o de Bolonia— es en sentido
estricto una realidad del siglo XX. Por lo demás, considerado el sistema
universitario en términos de proyectos y de políticas educativas, lo que llama
la atención es la modernidad —y a veces la audacia— de las formulaciones de los
responsables de la educación y de los hombres de gobierno que en la Colombia en
el siglo XIX intentaron dar vida a un conjunto de ideales educativos en los que
tenían posiblemente una confianza exagerada. Pero el casi nulo desarrollo
económico —por lo menos hasta 1880— y el torbellino de la política conspiraron
a lo largo de todo el siglo y llevaron al naufragio las que aparecían como las
mejores intenciones. Como testimonio de esas intenciones y como prueba de lo
que se ha llamado el "proyectismo" de los políticos del siglo XIX nos
ha quedado la huella de una amplísima legislación universitaria, que no es
expresión simplemente de lo que algunos llaman el "legalismo" de los
colombianos, sino ante todo la prueba de que las mejores políticas educativas
no tienen ninguna posibilidad de aplicación cuando no encuentran un entorno
institucional favorable, o cuando no son capaces de crearlo. Así pues, quien se
ocupa de la universidad del siglo XIX en Colombia debe saber que, en buena
parte, antes que con el análisis de funcionamientos institucionales concretos,
el historiador debe disponerse a la consideración de proyectos fracasados o de
realizaciones que sólo muy tenuemente lograron aquello que se proponían.
Eso es lo primero
que se constata cuando se examinan las propuestas y realizaciones del proyecto
"santanderista" (1826-1840) de creación de un sistema universitario
centralizado, monopolizando la formación profesional, con niveles académicos
similares a los de Europa, con una estructura curricular moderna y gozando de
relativa libertad académica, ya que a principios de esos años 40 lo que se
podía constatar era la multiplicación en provincia de "cátedras
universitarias" funcionando por fuera de todo control, una baja calidad de
los procesos de formación y sobre todo un gran desacuerdo político e ideológico
en torno de los fines que debería cumplir la enseñanza universitaria, que por
el momento parecía ser tan solo un lugar de paso de jóvenes de clase media que
encontraban más bien sus posibilidades sociales en la actividad política, a
pesar del intento inicial de los "neoborbones" de favorecer el
estudio de las ciencias útiles y de aplicación práctica.
Después de 1842 y a
través de una de las reglamentaciones más prolijas que se conocieron en el
siglo XIX, los conservadores, representados de manera visible por Mariano
Ospina Rodríguez, intentaron controlar la politización estudiantil, reglamentar
el acceso al cuerpo docente, controlar la educación universitaria en las
provincias y relanzar el estudio de las "ciencias útiles", bajo la
idea de que había que dar prioridad "a los asuntos industriales y a las
ciencias útiles, especialmente aquellas relacionadas con la agricultura".
Pero se trató una vez más de un esfuerzo frustrado —a pesar de que en 1847
Rufino Cuervo redactara un nuevo Plan de estudios que mantenía los mismos
énfasis—, no sólo por la carencia de recursos que hicieran posible la traída de
profesores extranjeros y laboratorios para garantizar la enseñanza de materias
que eran en general desconocidas, sino sobre todo por el fuerte rechazo que
hacia los conocimientos útiles expresaba una opinión pública de padres y
estudiantes que, pudiendo comprender la importancia teórica de las "nuevas
ciencias", no dejaba de ser sensible al hecho de que difícilmente un
practicante de esos nuevos saberes encontraría en la sociedad un lugar para su
realización profesional.
Las conocidas
reformas liberales del medio siglo, cuyo supuesto básico era el de terminar de
una vez por todas con la "herencia colonial", significaron para la
universidad el desmonte de los pocos elementos de construcción de un sistema
universitario nacional que se habían logrado, ya que el resultado de la
"libertad de enseñanza" fue por lo menos paradójico, si se recuerdan
cuáles eran las intenciones de sus promotores, puesto que con las reformas se
buscaba ante todo desestabilizar las profesiones universitarias
tradicionalmente dominantes: la medicina y el derecho. En verdad, lo que
ocurrió fue el desmonte de las cátedras de ciencias naturales, las que, dejando
de ser obligatorias, como se había establecido en 1842, simplemente fueron
abandonadas por sus asistentes.
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