INFLUENCIA DE LA IGLESIA EN LA EDUCACION

La influencia de la Iglesia en la educación española ha sido constante y más pronunciada que en otros ámbitos sociales.

Durante la dictadura franquista, la jerarquía de la Iglesia católica marcó la moral de toda la época, no sólo dentro de los centros escolares. Aquella fue una etapa represiva en la que lo que se decía y hacía era controlado por los censores eclesiásticos. Todos los que vivimos ese pasado podemos testificar las heridas que recibimos y las limitaciones que nos encontramos, sobre todo en la sexualidad, bajo el dominio de la represión y de la gazmoñería. Se nos predicaba dentro y fuera de los centros escolares sobre el “pecado”. Así, en las películas que se podían ver, en los desvestidos -más bien los vestidos- de los espectáculos, en las limitaciones del baile agarrado. Desde luego, esta represión era mucho mayor para las mujeres.

El nacionalcatolicismo era la ideología que, desde la interpretación de la Guerra Civil como cruzada, cimentó el régimen, mucho más que cualquier doctrina falangista. Franco entraba bajo palio en las iglesias y en compensación distribuyó prebendas a la Iglesia.

La situación actual es lo que queda de ese predominio de la Iglesia y de los eclesiásticos. La Educación es la plaza fuerte a la que la Iglesia ha tenido que retirarse dando continuamente batallas, antes en alianza con la dictadura y ahora con la derecha del Partido Popular.

En el retrasado proceso de transformación de España en un país laico, la izquierda y los sectores progresistas siempre han procedido con temor, tímida y débilmente.

La Iglesia católica ha sido el sector predominante de la enseñanza privada y ha encabezado los intereses de este sector, pese a no controlar directamente mucho más de la mitad de éste.

Frente a la extensión de la enseñanza pública ha sabido y podido recoger recursos del Estado para contribuir a la cimentación de la enseñanza privada, con las famosas subvenciones. La generalización de la enseñanza hasta los 14 años para todos los niños españoles, con la ley de Villar Palasí durante la etapa desarrollista del franquismo, supuso la subvención para todos los centros que controlaba la Iglesia. La extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 en la Educación Secundaria Obligatoria, por la LOGSE bajo el gobierno del PSOE, sirvió a la Federación de Religiosos (FERE) para recoger dinero público para sus intereses privados. La extensión en la LOE de la educación infantil de 3 a 6 años supondrá un nuevo desvío de recursos del Estado.

Los gobiernos de derechas o de izquierdas no han conseguido o no se han atrevido a ampliar la escuela pública frente a la privada, han mantenido o permitido la ampliación de ésta. Ahora que la enseñanza está transferida a las comunidades autónomas, este apoyo a la enseñanza privada es mayor en las que está gobernando la derecha, pero tampoco se queda corto donde gobierna el PSOE. Un caso sangrante es el de Madrid, donde Esperanza Aguirre está subvencionando a los sectores más reaccionarios de la Iglesia, cediendo terrenos para centros que separan la educación de los niños y de las niñas.

Se ha intentado presentar como un cierto control público la extensión de los conciertos, pero esto no es así. En cada centro privado la dirección imprime el ideario, la selección de alumnos y el modo de funcionamiento del centro, a menudo con la complicidad de los padres. Han conseguido que la proporción de alumnos procedentes de la inmigración sea mucho menor que la que les correspondería. Además, estos centros subvencionados con el dinero público no son gratuitos, cobran por diferentes partidas: transporte escolar, comedor y actividades extraescolares formalmente voluntarias pero realmente obligatorias. Con ello, el dinero de todos los españoles se aplica a abaratar el coste escolar de las familias de la clase media.

Durante el franquismo, cuando la educación obligatoria no alcanzaba a todos los niños, la enseñanza privada, principalmente los centros de la Iglesia, se dirigía a los ricos y a una débil clase media. Con el desarrollo económico del país se ampliaron las clases medias y la FERE ha ido recogiendo a un amplio sector de éstas, a través de este mecanismo de apropiación de los recursos públicos. El interés de este tipo de  centros está en crear una clientela cautiva, recogiendo niños en la etapa de la educación infantil y soltándolos al final del bachillerato hacia la Universidad, si es posible hacia las Universidades privadas, aunque éstas todavía son muy caras al no estar subvencionadas.

Frente a la enseñanza pública, la privada, encabezada por la FERE, vende disciplina para el alumnado, es decir, control tanto dentro como fuera de la escuela a través de la “moral católica”. Vende relación entre iguales, los que pueden formar élites o al menos acceder al mundo de los bien situados, es decir contactos sociales. Durante un tiempo los jesuitas fue la orden eclesiástica maestra en este campo.

La Iglesia no se ha conformado con controlar una parte del sector educativo. Control bajo el eslogan, monótonamente repetido, de la libertad de elección y de la libertad de montar centros escolares. La Iglesia ha situado en los últimos años a la CONCAPA, las asociaciones de padres de alumnos de las escuelas privadas, como avanzadilla en una batalla que ha producido presiones y movilizaciones usando la palabra libertad. Pero todas las familias pueden en España transmitir a sus hijos las creencias que consideren oportunas, de lo que se trata es de proporcionar a todos los niños una base educativa semejante. Una educación que no discrimine por el origen social, que proporcione a todos una formación que permita, entre otras cosas, decidir las ideas y creencias que asumirán en el futuro como propias. Mientras, bajo la idea de libre elección de clase de centro, se oculta una educación para la diferenciación social, una educación unilateral y fuertemente ideologizada.

La Iglesia ha pretendido influir en los centros públicos. Cuando ya no ha podido mantener las ceremonias confesionales y el control ideológico del currículo, ha intentado que la religión católica sea una asignatura como las otras. Expresión de los obispos: “igual que las matemáticas”. Esta batalla ha tenido altibajos, si los alumnos y sus padres podían optar se trataba de que el menor número se pasara a la otra opción. Para ello querían que la religión contase como otra materia más y que la alternativa fuera también de peso. Ya se encargarían los profesores de religión de aprobar a todos, como así ocurre en general, para que a los alumnos no les interese elegir la otra opción.

Este ideal lo consiguieron con la ley del PP, a través de la asignatura del estudio del hecho religioso, pero no ha podido aplicarse porque la derecha perdió el gobierno. En este recorrido, la asignatura de religión confesional, que sólo se aplica a la católica (salvo en Ceuta y Melilla), sufrió diversos avatares. El Tribunal Supremo estableció que no puede estudiarse ninguna materia que tenga contenidos nuevos porque, paradójicamente, discrimina a los que eligen religión puesto que no reciben las enseñanzas de la materia alternativa.

Las últimas disposiciones del gobierno del PSOE, que todavía no están en el boletín, son una concesión más, intentando rodear la sentencia del Tribunal Supremo. Parece que se van a ofrecer tres opciones: estudiar religión (que ahora puede no ser la católica si hay suficientes alumnos), estudiar el hecho religioso u otra alternativa sin contenidos, como el estudio asistido. Además, será evaluable y contará para la repetición, aunque no para las becas o en la nota media para la selectividad.

Debe denunciarse esta disposición como un retroceso del Estado y del laicismo. Parece que no se va a hacer siquiera caso del acuerdo del Consejo Escolar del Estado para que la religión se pueda impartir en el centro pero fuera del horario escolar, con lo que no haría falta ninguna alternativa.

Todo el problema proviene del acuerdo con el Vaticano de 1979 (de dudosa constitucionalidad) que define a la religión como una asignatura “equiparable” a las demás. Mientras este tratado internacional no se revise, la religión continuará siendo un problema.

No está claro si esta disposición servirá para frenar la caída de la elección de la religión que se registra en los centros. Puede ser que las comunidades autónomas empeoren este asunto con normas complementarias.